Refugiados Guatemaltecos |
Al menos 90 familias viven bajo árboles en pueblo de Tabasco; carecen de apoyo oficial
Miércoles 31 de agosto de 2011
Roberto Barboza/Corresponsal
El Universal
Un grupo de campesinos guatemaltecos se refugió sobre la línea divisoria de México-Guatemala, luego de ser desalojados y quemadas sus viviendas en la aldea Nueva Esperanza, Petén, en Guatemala.
Este pueblo, conformado por alrededor de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia este punto ubicado entre una zona serrana y selvática de la frontera de México y Guatemala.
El departamento (estado) de Petén se encuentra en estado de sitio desde hace dos meses, donde en mayo pasado Los Zetas masacraron a 27 campesinos. La medida decretada el 15 de mayo incluyó el envío de cientos de policías y soldados, a quienes en ese país les permiten “investigar” en cualquier comunidad para realizar arrestos sin necesidad de una orden legal, disolver reuniones públicas y prohibir posesión de armas.
“Pero nosotros no somos delincuentes”, espetan los campesinos refugiados José Manuel Valdez, Miguel Ángel Pérez Ramírez y José Gutiérrez Zacarías López.
Aquí cumplieron ya una semana de sobrevivencia, luego de que el pasado martes 23 de agosto fueron desalojados de la aldea Nueva Esperanza, por un operativo conformado por militares, Policía Nacional y autoridades de otras instituciones guatemaltecas, narraron los campesinos.
Este grupo, establecido sobre la brecha que marca la línea divisoria entre ambos países, está formado por unas 300 personas que llevaban unos 10 años asentados en Nueva Esperanza, donde solicitaban la dotación de mayor superficie de tierra para trabajarla.
El día en que sufrieron el desalojo salieron con escasas pertenencias y ahora viven bajo árboles, chozas provisionales de plástico y ramas, que casi nada les cubre cuando se registran las tormentas de esta temporada de lluvias.
La desaparecida aldea Nueva Esperanza se ubicaba a unos 700 metros de la línea limítrofe internacional y, por ello, a esta comunidad le fue más fácil huir hacia este punto para evitar la violencia de las autoridades guatemaltecas o de que fueran detenidos.
Los refugiados reciben la precaria solidaridad de la población de Nuevo Progreso, municipio de Tenosique y ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la cabecera municipal, y a donde se llega por una carretera que cruza entre la sierra tabasqueña y que se une con Petén, Guatemala.
El profesor rural guatemalteco y quien atendía a la población escolar, Helder Baldomero Pelicó Chun, dijo que la escuela fue destruida y al menos 50 niños se quedaron sin estudiar.
Ahora viven en la orfandad institucional tanto de las autoridades de Guatemala, como de México, pues ninguna de las dos les ha ofrecido apoyo, señalan quienes se convirtieron obligadamente en un pueblo migrante.
Igual ocurrió con una iglesia y un módulo de salud con todas las medicinas, que fueron derribadas y arrasadas, “sin misericordia”, relatan.
Sin recursos
El hambre y la miseria se apoderan de este grupo refugiado, que apenas sobrevive de la caridad de los vecinos de esta comunidad. Perdieron todo su pequeño patrimonio que levantaron durante una década.
Los jefes de las familias se quedaron sin ingresos, pues sus cultivos y animales domésticos y de traspatio quedaron abandonados en el lugar de donde fueron desalojados.
Además de este grupo que se instaló sobre la raya divisoria, otras familias campesinas se adentraron hacia montañas cercanas.
Explicaron que con el apoyo de la agrupación Unidad Acción Sindical y Popular (UASP) de Guatemala realizan el trámite legal en la capital de Guatemala para que se doten 70 hectáreas a cada familia
El maestro normalista explicó que a pesar de tratarse de un centro educativo, los militares y otras corporaciones policiales del departamento de Petén no se detuvieron para tirar e incendiar el humilde inmueble, así como la iglesia y el módulo de salud.
Los infantes de kínder y primero, segundo y tercero de primaria, así como los de alfabetización, llevan una semana sin tomar sus clases al carecer de su centro educativo.
Comentó que los padres de los menores no pueden con libertad seguir con sus cultivos, toda vez que el Ejército guatemalteco vigila la región para que los agricultores no regresen a sus tierras en las que subsisten
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